Los manifestantes también exigieron un alto a la campaña de persecución y criminalización mediática contra el compañero Luis Alcántara, repudiaron la violación de la autonomía universitaria por parte de la policía y rechazaron la mercantilización de la educación.
La reinstalación de seis estudiantes expulsados del CCH Naucalpan fue la demanda principal de alrededor de 50 estudiantes que marcharon desde el Parque de la Bombilla a la Rectoría de la UNAM, donde bloquearon Avenida Insurgentes casi dos horas.
Los manifestantes también exigieron un alto a la campaña de persecución y criminalización mediática contra el compañero Luis Alcántara, repudiaron la violación de la autonomía universitaria por parte de la policía y rechazaron la mercantilización de la educación.
Sin embargo, en lugar de responder a la petición de que una comisión competente negociadora saliera de la Rectoría para atender a las demandas estudiantiles, las autoridades enviaron a una funcionaria para decirle a la gente que si querían una respuesta a su petición, tendrían que proporcionar sus direcciones. Alrededor de las 7:30 pm más de cien granaderos desalojaron a los estudiantes que bloqueaban Insurgentes.
Se denunció que “en los diálogos pasados la Dirección General de los CCH había dicho que no se iba a reinstalar a ninguno de los seis expulsados de CCH Naucalpan. Se declararon incompetentes. Sin embargo, hemos visto que hay uno de los expulsados que ya fue reinstalado en CCH Vallejo. En ese sentido, venimos a exigir que de igual manera, se reinstalen a los demás compañeros. Si fue tan rápido el proceso en un caso, pues nosotros también queremos que así de rápido atiendan a los demás compañeros porque han venido a solicitar información sobre su caso y no se les ha notificado de nada”.
Aunque la funcionaria insistió en que ninguno de los estudiantes expulsados ha sido reinstalado, los activistas afirman que el estudiante que se llama Hugo tiene credencial estudiantil de CCH Vallejo y asiste a clases en la mañana.
En entrevista, un compañero explicó que en las protestas del 1 de febrero, los estudiantes organizados fueron acusados de destruir la Dirección del CCH Naucalpan y agredir a algunos de los trabajadores, pero lo más probable es que alguien más haya aventado un molotov contra la entrada. En cualquier caso, afirma, “aunque es cierto que hubo un incendio, éste duró poco tiempo hasta que se acabó la gasolina y no causó ningún daño a la dirección excepto por una mancha”. Sin embargo, diez estudiantes fueron detenidos y seis más expulsados el 5 de febrero, también acusados de atacar a unos trabajadores del CCH, “aunque los activistas sólo intentaron defenderse después de ser fuertemente golpeados por ese grupo de choque compuesto por profesores y trabajadores. Además, las autoridades permitieron que agentes de la policía municipal de Naucalpan entraran en el plantel en violación de la autonomía para golpear a los manifestantes”.
Una estudiante expulsada leyó un comunicado que aclara que los problemas en Naucalpan no se limitan a este plantel y no empezaron con las protestas del 1 de febrero, o con las subsecuentes detenciones y expulsiones, tampoco con la toma de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) del 6 al 20 de febrero. Por lo contrario, dice, los abusos han ocurrido durante todo el mandato de Lucía Laura Muñoz Corona, la directora general de todos los CCH. Ahora existe un clima represivo y el despojo de espacios estudiantiles en los colegios, donde equipos de seguridad se dedican a perseguir, difamar, espiar, golpear a la disidencia. Las autoridades quieren deshacerse de los estudiantes anti-autoritarios que han estado organizándose para echar abajo medidas como la excesiva vigilancia en el plantel, la instalación de cámaras de seguridad y la imposición de modificaciones neoliberales al plan de estudios, conocidas como “la reforma de 12 puntos”, entre otras cosas.
Dice el comunicado que “el caso concreto del CCH Naucalpan es el ejemplo de la exagerada impunidad de quienes ostentan el poder en la universidad; directivos, personal de confianza, trabajadores y académicos todos con el poder suficiente para sentirse más y hacerse valer más que un estudiante, actúan sin que nadie pueda hacer algo. . . .”
Una compañera afirma que “es mentira lo que dicen los medios ––que los compañeros no son estudiantes, que venden droga y que son gente violenta y peligrosa. Son estudiantes regulares que quieren cumplir sus estudios pero ya han perdido tres semanas de clases. Exigimos su reinstalación antes de que sufran más daños”.
Las y los estudiantes expulsados afirman que continuarán con las protestas hasta que las demandas se cumplan.
Escrito por Carolina S. Romero
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